El 4 de julio en Estados Unidos
Un gobierno de los ricos, por los ricos, para los ricos
Por Bill Van Auken
21 Julio 2010
21 Julio 2010
Este artículo apareció en nuestro sitio en su inglés original el 5 de julio, 2010.
El domingo, 4 de julio, marcó otro aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Este documento fundador de la república norteamericana lanzó una profunda proclamación basada en los siguientes principios: que "todos los hombres son creados iguales" y que poseen "derechos inalienables".
La proclamación se hizo en 1776, un año después de duras y amargas luchas contra el ejército ocupador británico. Pero a fin de cuentas, esta lucha revolucionaria derrocó al domino colonial y fue un acontecimiento de liberación de gran alcance. Todavía reverbera por todos los rincones del mundo.
Doscientos treinta cuatro años después, el gobierno federal en Washington conmemoró el aniversario con toda una serie de acciones que muestran hasta que punto los principios de la Declaración han sido totalmente repudiados en la práctica. Las acciones muestran como los ciudadanos estadounidenses se han quedado con un gobierno tan poco representativo y tan reaccionario como el del viejo Rey Jorge III.
El Congreso levantó sesión para dicho día feriado y dejó a millones de trabajadores sin dinero—en forma de beneficios para los desempleados—para pagar sus hipotecas y comprar alimentos para sí y sus familias. Al mismo tiempo, el Congreso privó a los estados de billones de dólares destinados a los fondos de Medicaid. Esta movida aseguró que se pusieran en práctica reducciones brutales a los servicios sociales esenciales y contribuyera al despido de maestros y otros empleados públicos.
Pero al mismo tiempo que el Congreso reducía los fondos para los desempleados y el pueblo trabajador en general, aprobaba $33 billones para pagar por la intensificación de la guerra colonialista en Afganistán; guerra de ocupación que ya lleva nueve años. Fue así que el gobierno de Estados Unidos pudo asegurar que iba a seguir una política mucho más brutal que los crímenes del propio rey británico con los "saqueos", las "matanzas", "la desolación", "la tiranía", "la crueldad", y "la perfidia"; palabras que aparecen en el resumen de las demandas de la Declaración de Independencia.
La capa social principal en Estados Unidos con suficiente razón para celebrar este 4 de julio con júbilo super patriótico consistió de los bancarios de Wall Street y los gerentes de fondos de inversiones libres ("hedge funds"), a quienes el gobierno redujo las rentas internas por un valor de $19 billones, cantidad que ahora el pueblo se ha visto obligado a financiar con su propio dinero. Aunque la semana pasada el Congreso inicialmente adoptó el inoperante e ineficaz proyecto de ley para la reforma bancaria—presuntamente para ser pagado por impuestos sobre las instituciones bancarias mayormente responsables por el desastre económico del 2008—la dirigencia Demócrata se postró ante las objeciones de los Republicanos y optó por financiarlo con el dinero que sobraba del Troubled Assets Relief Program (TARP). Estos fondos habrían disminuido el déficit de Estados Unidos, pero en vez de ello, los billones para reducir el déficit serán extraídos de los programas que favorecen a la clase trabajadora y a los pobres.
Todas estas acciones en conjunto pintan un cuadro que muestra que el gobierno es de los ricos, por los ricos, para los ricos y totalmente sordo a las necesidades y los deseos a la gran mayoría del pueblo de Estados Unidos. Las acciones del Senado de la república ( el "club de millonarios"), de la Cámara de Representantes (donde el promedio de las fortuna neta es $650,000) y de la Casa Blanca de Obama las determinan los intereses bancarios, empresariales y el 1% más rico. Pero a la mayoría de habitantes del país se le abandona en el altar misericordioso del "mercado libre" capitalista.
Para millones y millones de estadounidenses, la política de este gobierno es una catástrofe. Cuando el Senado decidió levantar la sesión la semana pasada sin adoptar la extensión de los beneficios de desempleo, dejo a 1.63 millones de trabajadores sin ingresos. Para fin de mes, esa cantidad ha de aumentar a tres millones. Y si el Congreso fracasa en adoptar una extensión al comenzar la nueva sesión, la cifra aumentará a 7 millones para fin de año.
Estos millones de trabajadores desempleados, junto con sus hijos, están siendo condenados a la pobreza, al hambre y a quedarse sin techo en nombre de la "lucha contra el déficit", fraseología política cuyo significado es simple: imponerle a la clase trabajadora todo el peso de la crisis del sistema capitalista.
El contexto económico y social dentro del cual estas acciones han tomado lugar pone en relieve la criminalidad de sus intenciones. Las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo el viernes pasado muestran que en junio se perdieron 125,000 empleos. Por lo menos 15 millones de personas han quedado cesantes. Y para cada empleo hay cinco trabajadores llenando la solicitud. La cantidad de desempleados a largo plazo—es decir, aquellos que han estado desempleados por seis meses o más y que tienen necesidad de las extensiones financiadas por el gobierno federal—no tiene precedentes desde la Gran Depresión de la década de los 1930.
Estas estadísticas sobre el desempleo, luego de toda una serie de informes acerca de la caída de la venta de la vivienda y los automóviles, el declive estrepitoso de la confianza de los consumidores y la disminución de los pedidos industriales, hacen burla del gobierno de Obama cuando éste sostiene que estamos viendo el "verano de la recuperación".
No cabe duda que el fracaso del Congreso nacional en aprobar $24 billones para asistir a los estados con el programa de seguro médico, Medicaid, ha de intensificar aún más el desplomo de la economía estadounidense. Sin este dinero, los despidos podrían afectar a aproximadamente 900,000 trabajadores en tanto el sector privado como en el público. Los servicios sociales y la educación pública también sufrirían enormes reducciones.
La dirigencia del Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso—el Senado y la Cámara de Representantes—ha culpado a la terquedad de los Republicanos por la derrota de estas exiguas medidas de ayuda. Pero la verdad es que ambos partidos de la clase empresarial aceptan la doctrina de la reducción del déficit y están de acuerdo con que los gastos destinados a los programas sociales—inclusive la limosna ofrecida a los desempleados—sean reducidos para satisfacer ese fin. En cuanto a la Casa Blanca de Obama, ésta rehusó toda referencia a los millones de trabajadores que han quedado indigentes.
Pero ningún obstáculo de semejante índole impidió que se aprobara el dinero para las guerras imperialistas; la dirigencia de los congresistas Demócratas bien se empeñó en aprobar los $33 billones suplementarios para ese propósito. Esta cantidad es más o menos equivalente a la que se le negó a los desempleados y a los gobiernos estatales antes del 4 de julio. La Cámara de Representantes votó por los fondos para las guerras justamente un día antes del Senado confirmar, por medio de un voto de 99-0, al nuevo comandante en Afganistán, General David Petraeus, quien inmediatamente procedió a definir sus intenciones para intensificar la matanza de afganis.
¿Cuál es la razón por el abismo que existe entre los intereses de la mayoría trabajadora y la política de los dos grandes partidos empresariales? De acuerdo a las últimas estadísticas publicadas por el Congressional Budget Office (Oficinas del Presupuesto del Congreso) la semana pasada, la brecha entre el 1% más rico—los millonarios de Estados Unidos—y el resto de la población aumentó más del triple entre 1979 y el 2007. Durante ese período, los ingresos del 1% más rico aumentaron—luego de de pagar las rentas internas—en un 281%, comparado con un aumento de solo 25% para el 60% de la población.
El inmenso crecimiento sin interrupción de la desigualdad social en Estados Unidos hace burla a los principios igualitarios que el documento fundador del país proclama. Es incompatible con los derechos democráticos fundamentales y manifiesta esencialmente una profunda degeneración del sistema capitalista, el cual ahora sólo produce desastres económicos, sociales y ecológicos, para no decir guerras cada vez más catastróficas.
A medida que Estados Unidos conmemora la adopción de la Declaración de Independencia, es completamente razonable invocar la manera en que el documento defiende el derecho del pueblo a "alterar o abolir" todo gobierno que le niegue sus derechos inalienables" y reemplazarlo con un nuevo sistema "que le parezca que mejor garantiza su seguridad y felicidad".
El Partido Socialista por la Igualdad (PSI) tiene la confianza que la clase trabajadora de Estados Unidos tratará de ejercer este derecho fundamental. Lo más urgente del momento es el desarrollo de la dirigencia revolucionaria que le presente a los trabajadores de este país el programa para que se unan con sus hermanos y hermanas de todo el mundo en una nueva lucha revolucionaria para ponerle fin al desempleo, la pobreza, la opresión y las guerras, y establecer una sociedad socialista organizada para satisfacer las necesidades de la mayoría en vez de defender los intereses y las ganancias de la moderna aristocracia bancaria de hoy día.
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