EL CEMIDA Y EL OPERATIVO CONDOR
En los Tribunales de Comodoro PY se ha iniciado una MEGACAUSA para investigar la participación y probable conducta delictiva de personas involucradas en el ”OPERATIVO CONDOR”. Sus resultados pueden ser trascendentes, no sólo en Argentina sino en otros países que pueden tener ciudadanos involucrados en delitos cometidos durante su vigencia. Para tener una idea de los asuntos investigados y de la participación que ha tenido en el Juicio el CEMIDA, presentamos esta síntesis.
Al caer la dictadura de STROESSNER en el Paraguay comenzaron a rehabilitarse parte de los derechos civiles y políticos antes vedados. Ello permitió que, en diciembre de 1992, el dirigente defensor de los derechos humanos paraguayo MARTIN ALMADA, posteriormente premio Nobel Alternativo de la Paz, investigara los antecedentes del asesinato de su esposa y de su propio arresto ilegal, seguido de torturas, en Asunción. Durante sus investigaciones descubrió numerosa documentación que daba cuenta de operaciones desarrolladas en forma concertada e ilegal por las dictaduras militares de toda la Región desde aproximadamente 1970 hasta fines del año 1985. El procedimiento legal que habilitó ese descubrimiento de ALMADA fue dirigido por los Jueces José Agustín Fernández y Luis María Benítez Riera, y el 24 de diciembre de 1992, al allanarse la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, se descubrió una múltiple documentación que trata sobre fichas de de personas ilegalmente detenidas, torturadas y hasta asesinadas en toda Sudamérica. Posteriormente se realizaron dos allanamientos más, el primero, en enero de 1993 al Departamento Judicial de la Policía y el segundo a la Comisaría Tercera de Asunción, donde se secuestró gran cantidad de documentos, libros y fichas referidos a perseguidos políticos.
Ese mismo mes un equipo de trabajo conformado por: funcionarios de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, fiscales, personal del Ministerio Público y de Organizaciones no Gubernamentales como CIPAE (Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia), CDE (Centro de Documentación y Estudios), así como por víctimas y familiares, inició el inventario de los materiales descubiertos. El 21 de febrero la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público firmaron conjuntamente un Convenio con la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) para estudiar los documentos y el 31/12/93 se entregó un Informe de lo investigado Toda la documentación analizada fue llamada por la justicia:“Documentación del OPERATIVO CONDOR”.
El descubrimiento de estos archivos cambió la información existente hasta entonces acerca de la forma de operar del Terrorismo de Estado continental. Los archivos ofrecieron un esbozo documental de los orígenes, los propósitos y la organización del OPERATIVO CONDOR y en ellos se determinó que, durante 1975, a instancias de Chile, los Servicios de Inteligencia del Cono Sur institucionalizaron una cooperación ilegal informal que existía de hecho. La misma aparece contenida en una carta enviada por el general Contreras de la DINA (Chile) al general paraguayo Guanes Serrano, donde se denomina Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia Nacional a lo que llamarían posteriormente CONDOR. Contreras ofreció las instalaciones de la DINA como el cuartel general para "la centralización de la información sobre los antecedentes de personas, organizaciones y otras actividades conectadas directa o indirectamente con la subversión”. Algo similar a la Interpol de París, pero dedicada a combatir la subversión con métodos ilegales. El primer encuentro convocado por Contreras tuvo lugar en el cuartel general de la DINA, en Santiago de Chile, durante el mes de octubre de 1975. De acuerdo con la documentación descubierta los asistentes fueron Jefes de la Inteligencia Militar de la Región. Por Argentina, firmó el CAPITAN DE NAVÍO JORGE CASAS, y lo mismo hicieron los representantes de Brasil, Paraguay y Uruguay. Un mes más tarde implementaron el OPERATIVO CONDOR, así llamado por uno de los asistentes que dijo que los apresados “volarían por los aires como un cóndor”. Quedaron configurados un Banco de Datos, un Centro de Información y “Talleres”. Con ese término se aludía a las sesiones de planificación de los grupos multilaterales de agentes encargados de vigilar, arrestar, encarcelar, torturar y repatriar a los opositores regionales.
El Segundo Encuentro de “Inteligencia” afinó los mecanismos para el intercambio de prisioneros e información secreta. Guanes Serrano informó a Stroessner que "la primera fase era el intercambio de información sobre el enemigo [exiliados políticos] y ya estaba funcionando. La segunda fase correspondería a la investigación del objetivo y la tercera fase a la detención [secuestro] y traslado de los objetivos a su país de origen”. Según los documentos, Guanes Serrano destacó que los intercambios de prisioneros tendrían lugar directamente entre los Servicios de Inteligencia y que los agregados militares de las embajadas actuarían como enlace. Como se puede apreciar a la luz de estos ejemplos parciales, los archivos paraguayos aportan una prueba irrefutable de la existencia del OPERATIVO CONDOR y proporcionan una apropiada base para el ENJUICIAMIENTO de quienes cometieron crímenes de todo tipo durante su vigencia.
Como en otras oportunidades la Justicia requirió la participación del CEMIDA para proporcionar un Perito Militar y, como en 27 juicios anteriores, el Coronel (R) José Luis García, su Presidente, aceptó esa responsabilidad. El lunes 22 de setiembre en el Juicio de referencia expuso, durante casi 5 horas, el contenido de su peritaje que, en síntesis, abarcó los siguientes aspectos: Situación que se vivía en la Región durante la aplicación de la DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL DE LOS EE.UU y el rol de la ESCUELA DE LAS AMÉRICAS en la enseñanza del accionar de las fuerzas militares continentales en los que llamaron CONFLICTOS de BAJA INTENSIDAD. Recalcó la actuación preponderante en ellos de los integrantes de la llamada INTELIGENCIA MILITAR y como, para el cumplimiento de esa nueva misión, fue necesario transformar la histórica organización de las FF:AA, establecida para defender el territorio, las personas y los recursos disponibles contra un enemigo exterior, por otra estrategia que requirió capacitarlas para su empleo en una nueva forma de lucha contra un nuevo enemigo, ahora ideológico y conformado por los propios habitantes. Además se debía impedir, de cualquier manera, la diseminación de información de todo tipo que pudiera incidir en la forma de pensar que no fuera la impuesta por los represores la cual fue absurdamente calificada como “OCCIDENTAL Y CRISTIANA”. Todo ello exigió un riguroso y permanente control de la población, para lo cual fue imprescindible transformar la tradicional estructura orgánica militar existente, remplazando las organizaciones tradicionales, aptas para el combate contra un enemigo exterior, por otra que permitiera el férreo control del propio territorio. Así los Cuerpos de Ejército pasaron a denominarse ZONAS DE DEFENSA; los Regimientos AREAS; y algunas de las fracciones menores SUBAREAS. Todos ellos con absoluto control militar del propio espacio territorial y de sus habitantes, funciones concedidas al margen de sus legales atribuciones constitucionales. A estas anomalías se sumó la adopción de una nueva doctrina para el empleo de estas nuevas organizaciones castrenses, impartida desde la zona del Canal de Panamá donde funcionaba la tristemente célebre Escuela Militar de los EE: UU llamada “De las Américas”. Allí se enseñaron las nuevas formas de operar para la represión militar que incluían atrocidades y tormentos que con sólo enunciarlos ofenden la condición humana. Para esas misiones resultaron poco aptas las condiciones militares tradicionales de los cuadros militares y adquirieron preponderancia las de los integrantes del Personal de ” Inteligencia “ que las adquirían masivamente en esa escuela extranjera.
El Perito Militar explicó al Tribunal como, en el año 1972, conoció al Presidente de la Cámara de Diputados del Uruguay, Dr. GUTIERREZ RUIZ, y narró las circunstancias de su posterior exilio, en 1973, en ARGENTINA, tras el Golpe de Estado en el Uruguay del entonces Presidente Bordaberry. Cuando el 20 MAYO 1976 se produjo SU SECUESTRO Y el 22 DE MAYO SU ASESINATO en Buenos Aires, surgieron las PRIMERAS SOSPECHAS DE LA EXISTENCIA DE UN ACUERDO BINACIONAL DE LOS RESPONSABLES de la comisión del aberrante crimen. También se sugería el nombre de algunas personas argentinas probablemente involucradas: el Gral. OTTO PALADINO y el Civil ANIBAL GORDON, ambos notorios miembros del sistema de inteligencia militar argentino. Además como lugar del crimen se mencionaba la existencia de algo nuevo y de características increíbles: un Centro Clandestino de Detención denominado AUTOMOTORES ORLETTI.
El 5 de abril de 1985 se produjo el testimonio del CNL (R) José Luis García EN EL JUICIO A LAS JUNTAS y allí, como Testigo, expuso la posibilidad de ese contubernio para el crimen, narrando el fundamento de las sospechas existentes. Además como resultado de su condición de Profesor de la materia Defensa Nacional en la ESCUELA DE DEFENSA NACIONAL, fue nombrado Perito Militar de ese Tribunal. Su posterior relación con el Dr. MARTIN ALMADA y el diálogo resultante logró que se aumentaran las sospechas del entendimiento de ambas dictaduras para acciones ilegales. Cuando el 22 de diciembre de 1992 el Dr. ALMADA descubrió los “ARCHIVOS DEL TERROR” en Asunción y entre ellos el documento REUNION DE INTELIGENCIA EN CHILE de diciembre de 1975, quedó clara la existencia del OPERATIVO CONDOR. La documentación complementaria encontrada demostró la forma de operar en EL CONFLICTO DE BAJA INTENSIDAD y la preponderancia de los elementos de “INTELIGENCIA” en ellos. Además quedó probada la existencia de una metodología para el ilegal seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios, el traslado entre países, y el asesinato de los supuestos “subversivos”. COMPLETANDO EL CICLO DE LOS DESCUBRIMIENTOS, EL 18 JUNIO DE 2013 LA CONSULTORIA NACIONAL PARA APOYAR LA INVESTIGACIÓN DEL RESCATE HISTÓRICO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, POR ORDEN JUDICIAL, INVESTIGÓ SU CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CON EL APOYO DE LA FUNDACION CELESTINA PEREZ DE ALMADA. Otra vez ALMADA lograba el hallazgo de una frondosa documentación que ratificó totalmente la puesta en marcha de LAS ILEGALES OPERACIONES DEL PLAN CONDOR. Así quedó abierto el camino para que la Justicia actúe para castigar a quienes fueron culpables y el CEMIDA ha brindado su aporte para la consolidación plena de la libertad y el respeto a los Derechos Humanos, logro fundamental de la Democracia que hoy disfrutamos plenamente.
BUENOS AIRES, 8 DE OCTUBRE DE 2014
Entradas
